La Armada se enfrenta a la posible pérdida de sus aviones embarcados.


En unos años los aviones Harrier de la Armada, de los que se acaba de dar de baja al 25% de las unidades ahora le quedan doce dejarán de estar operativos. En ese momento sólo habrá una alternativa, los F-35B, y resulta muy alejada de las posibilidades presupuestarias de España. La paradoja es que para entonces la Armada prevé contar con dos buques de proyección estratégica (LHD), unas naves preparadas para servir como portaaviones. El alto precio de los aviones desarrollados en el programa militar más caro de la historia, liderado por la norteamericana Lockheed Martin, convierten a los F-35 en un objeto de deseo muy difícil de alcanzar. “España no ha formado parte de ese programa desde sus inicios”, recordaba en un encuentro con los medios el pasado jueves el Jefe de Estado Mayor de la Armada, (AJEMA) el almirante general Jaime Muñoz-Delgado. Por ese motivo, el precio que ahora se debería pagar por los aviones de este modelo, “para el que España no ha puesto dinero en su desarrollo”, resulta poco menos que prohibitivo.

Sin embargo, la previsiones de la Armada para el periodo 2020-2025, el mismo en el que el AJEMA estima que dejarán de operar los Harrier, contempla la adquisición de un segundo Buque de Proyección Estratégica (LHD), que se uniría al actual Juan Carlos I, y que, como éste último, sería capaz de actuar de portaaviones. La única alternativa tras esas fechas, insiste el Jefe del Estado Mayor de la Armada, es el F-35B, versión VSTOL del también conocido como JSF (siglas de Joint Strike Fighter), pero su adquisición resulta más que complicada por su alto precio. El AJEMA mostró en el acto de la semana pasada su pesimismo sobre el futuro difícil de la aviación embarcada, aunque precisó que tampoco quería decir que vaya a desaparecer. Como alternativa última únicamente insinuó la posibilidad de encontrar algún punto de colaboración con el Ejército del Aire, sin especificar más.

El F-35, la única y cara alternativa
Incluso los países socios del programa JSF están teniendo problemas por el disparado precio de este avión del que se han desarrollado tres versiones: una convencional, otra preparada para operar desde portaaviones de gran tamaño y una más para el despegue y el aterrizaje vertical, como los que necesitará España para operar desde sus LHD, el actual Juan Carlos I, que ha pasado a cubrir el hueco del recientemente dado de baja portaaviones Príncipe de Asturias, y el que la Armada prevé contar a partir de algún momento entre 2020 y 2025. El programa militar del F-35, el más caro de la historia, está liderado por Estados Unidos, pero también figuran como socios Turquía, Dinamarca, Italia, Australia, Holanda, Gran Bretaña, Noruega y Japón. En todo caso, estos países no están obligados a adquirir los aviones que están ayudando a desarrollar, sino que en general deben seleccionarlos en sus correspondientes concursos nacionales a los que también concurren otros modelos. El aumento de costes es el principal motivo por el que todos estos socios de este programa, a excepción de Noruega, ya se han planteado, de una manera u otra el recorte del número de unidades que inicialmente habían previsto adquirir, o incluso, en algunos casos, la renuncia total a la compra.

El temor a esos posibles abandonos, que aumentarían los costes y, por tanto, la posibilidad de nuevas anulaciones, llegaron a disiparse en parte en los últimos meses con la confirmación de algunas compras previstas, como ocurrió recientemente en Holanda. Pero nuevos problemas siguen surgiendo en torno a este avión. Con el estreno de 2014 saltó la noticia de que varios proveedores del programa, Northrop Grumman Corp y Honeywell International Inc, y con conocimiento del Pentágono, estaban tratando de contener el precio de sus fabricados empleando piezas de origen chino, algo prohibido por las leyes y que deberá ser sancionado. Según la estimación del Departamento de Defensa de EE UU, los cerca de 2.500 F-35 que está previsto comercializar durante las próximas tres décadas conllevarán un coste total de 391.000 millones de dólares (unos 300.000 millones de euros),  un 70% más respecto al coste estimado en 2001. Si España acaba adquiriendo alguno de ellos, por tanto, deberá pagar un alto precio que las expectativas económicas auguran difícilmente asumible. Los altos mandos de la Armada, encabezados por el AJEMA, son hoy por hoy plenamente conscientes de ello.

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